El audio de nuestro programa ECONOMIA 101 12 DE MAYO DE 2018.MPE

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Audio ECONOMIA 101 12 DE MAYO DE 2018.MPE

Buenas Tardes:

Comenzamos el programa felicitando a todas las madres en Puerto Rico.  

La maternidad es participación en el poder creador de Dios.   La madre – biológica o adoptiva – es llamada por Dios para una misión de amor.  En esta corta reflexión no podemos dejar de mirar a nuestra madre Maria – madre de Jesucristo – Casi la totalidad de sus días pasaron de una manera similar a las jornadas de otros millones de mujeres, ocupadas en cuidar de su familia, en educar a sus hijos, en sacar adelante las tareas del hogar.  A través de Maria, Dios santificó desde la maternidad hasta lo más menudo. Aquellos que muchos consideran intrascendente: el trabajo de cada día, los detalles de atención hacia las personas queridas, las conversaciones y las visitas por motivo de parentesco o de amistad. Recordemos que orar es hablar con Dios – Pues María cargaba, jugaba, bañaba, alimentaba, dormía, jugaba con a Jesucristo. y lo acompañó hasta la muerte.  Cotidianidad bendita que puede estar llena de tanto amor de Dios en eso en lo que todos los días se ocupan las madres.

Gracias a todas la madres.   

 

Semana en la que como dice Bobby Lopez, continua la discusión de la redefinición de Puerto Rico.

Comentaremos en detalle la divulgación del informe del General Accountability Office.

El borrador de presupuesto fue presentado a la Junta de Supervisión Fiscal y rechazado por esta.  Junto a Adrian evaluaremos en detalle consideraciones del presupuesto presentado.

Las vistas del Comité de Recursos Naturales sobre la recuperación y el sistema eléctrico de PR fueron tan reveladoras que sin que los medios se percataran tuvieron eco en la controversia de la semana – estamos o no listos para la nueva temporada de huracanes. Comentaremos las participaciones relevantes como la del Sr. Walter Higgins

La Cámara de Representantes aprobó el pasado jueves el proyecto 1481 que permite la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).  Una de las enmiendas hechas al proyecto va dirigido a que cualquier acuerdo para la transmisión o distribución de energía pueda ser denegado si alguno de los miembros de la Junta de Gobierno de la APP se oponen.  En lo referente a la venta de activos el Gobernador vendrá obligado a someter la transacción a la aprobación de la legislatura. La Cámara incluyo lo que consideró ser una medida anti monopolística o compra o concesión.  Saben que apoyo la privatización de la AEE, pero comentaremos sobre las reservas que tenemos al proceso y los salvaguardas que esperamos que el Senado inserte en este importantísimo proceso para PR.

Startup Societies presentó el concepto de “ciudades privadas” en el que inversionistas puedan desarrollar negocios y establecer residencias por medio de un contrato con una corporación que ofrece servicios normalmente asociados al gobierno – seguridad – infraestructura.  Miran al redesarrollo de Roosevelt Roads como plataforma. Se entraría en contratos con los residentes y utilizaría incentivos bajo las leyes 20-22. En mi opinión es ejemplo de creatividad delirante. Qué tal si los proponentes se sientan a conversar con los alcaldes de 78 municipios para ver de cuál forma INTEGRADA no SEGREGADA se puede implantar el concepto.  Tenemos 78 municipalidades que de una u otra forma tienen limitaciones, que tal si el capital se aplica para rebasar limitaciones.

El Gobernador anuncio que AirBnB donará por los próximos 3 meses la comisión que recibe por reservaciones en PR para ayudar en la recuperación de la isla – la donación parece que ira a organizaciones como All Hands and Hearts.  Bonito gesto de AirBnB.

De la misma forma American Airlines sostuvo reuniones por 2 días en PR.  Unos 900 ejecutivos de la línea aérea se reunieron para trazar estrategias. El CEO de la línea – Douglas Parker dijo que quisieron hacer la reunión en PR para demostrar el respaldo a PR y para indicarle a los viajeros que PR esta abierto para hacer negocios.  Evidencia de una importantísimo cambio de estrategia luego de la fusión-adquisición por parte de US Airways de American.

Se informa hoy que la JSF aprobó el plan de renegociación de la deuda del BGF  – un importante logro bajo el Titulo VI de PROMESA. Los bonistas recuperarían Prelación Preferente (Senior) Razón de Intercambio 55% Cupón (interés) 7.50% Vencimiento 23 años.  Los Municipios podrán retirar el 55% de sus depósitos. Revisaremos los acuerdo en detalle e informaremos la próxima semana.

El Juez Federal Gacia Gregory determinó que la JSF tiene que circunscribirse a las leyes de Puerto Rico al ser una entidad del Gobierno de PR y no una entidad del Gobierno Federal.  La decisión del Juez aplica específicamente a la divulgación de información en poder de la Junta y en lo que respecta a aquellas leyes de PR siempre y cuando no sean incompatibles con el contenido de la ley PROMESA.  Esto en respuesta a una demanda del Centro de Periodismo Investigativo.

VISTAS DEL SENADO

Como dijimos en la presentación del programa: las vistas del Comité de Recursos Naturales sobre la recuperación y el sistema eléctrico de PR fueron tan reveladoras que sin que los medios se percataran tuvieron eco en la controversia terrera de la semana – está listo el gobierno de PR para la nueva temporada de huracanes.  

La Senadora Lisa Murkowski afirmó que en lo que respecta su juicio de quien estaba listo el año pasado, le quedó claro que Islas Vírgenes implementó los procedimientos a tiempo mientras que PR, la Autoridad de Energía Eléctrica – pensaron que tendrían suerte (thought they would get lucky) – el resultado fue la necesidad de  un trabajo remedial ejecutado por el Cuerpo de Ingenieros – trabajo que nunca habían realizado.

Si bien la Senadora no consideró el estado de quiebra de la AEE y cómo pudo eso incidir en los preparativos, la negligencia crasa de la dirección ejecutiva de la AEE resaltó.  Este juicio de la Senadora resonó cuando al siguiente día el Gobierno realizó una conferencia de prensa para anunciar que está listo para la próxima temporada de huracanes, aun cuando todavía se realiza labor de respuesta al huracán Maria.   

Pero la Senadora fue muy incisiva al preguntar directamente si en realidad hay algo de valor que vender en la AEE.  El Sr. Rodrigo Mases – presidente de la Asociación de Industriales le contesto muy certeramente – lo que vale es el negocio, la franquicia.  Comentaremos participaciones relevantes como la del Sr. Walter Higgins.

Presupuesto

El borrador de presupuesto fue presentado a la Junta de Supervisión Fiscal y rechazado por esta.

La sección 202 de PROMESA afirma:

  • La Junta proporcionará el gobernador y la legislatura de un plan para desarrollar, presentar, aprobar y certificar presupuestos para 1 o más años.
  • La Junta presentará un estimado de ingresos para el período – si algún político se pregunta por qué no se ha presentado algún estimado de ingresos se debe referir a esta sección.
  • La Junta determinará el cumplimiento del presupuesto con el Plan Fiscal.
  • Si la legislatura no aprobara un presupuesto conforme, la Junta deberá desarrollar un presupuesto y presentarlo al gobernador y la legislatura.
  • Si el gobernador y la legislatura no pueden desarrollar un presupuesto conforme al plan fiscal, el día antes del primer día del año fiscal, la Junta de Supervisión lo presentará y
  • Lo considerará aprobado por la legislatura y en plena vigencia y efecto inicio el primer día del ejercicio fiscal aplicable.

 

Claramente las partidas en disputa son la implantación de reforma laboral y el recorte en las pensiones.  En esta semana la Junta pareció enviar el mensaje que no tiene mayor intención de perseguir la reforma – aun cuando presentó un borrador de legislación a esos efectos – recordemos que conforme a las alegaciones de la Junta en el Plan Fiscal, la reforma implica unos $300MM de ingresos adicionales al erario.  La Junta tendrá que reevaluar el impacto en los recaudos fiscales.

En cuanto a las pensiones, la posición de la Junta parece más rígida.  Lo cierto es que mirado aisladamente el recorte de pensiones representa un ahorro de gasto de $220MM anuales aproximadamente.  Se pueden lograr ahorros en el gasto del Gobierno por cerca de $220MM en otras áreas para acomodar el pago y no tener que recortar las pensiones.  Ahora bien cuando eliminas la reforma que la Junta alega que produce $300MM de ingreso y eliminas el recorte de $220 en las pensiones tienes que rellenar una deficiencia de $520MM.  

Lo cierto es que en pocas ocasiones hay una cierta unanimidad entre los economistas de PR en lo que respecta a reservas concretas con el plan fiscal.  Ningún economista de PR ha apoyado ni la reforma laboral ni el recorte de pensiones. Pienso que esa convergencia debe ser reconocida por la Junta porque en pocas ocasiones se da.

El economista Joaquín Villamil, a quien distingo y aprecio, afirmó esta semana que la gran critica a los planes fiscales es que no sabemos a dónde nos va a llevar.  Dijo además: Lo que sí sabemos es que no va a llevar a una economía mas pequeña mas desigual y con menos población. Francamente no creo que ese es el futuro que nosotros queremos.  El desarrollo económico es posible para Puerto Rico, pero hay que atenderlo de manera distinta a como se ha atendido hasta ahora.

Sergio Marxuach dijo:  “no tiene sentido hacer menos atractivo un mercado laboral y pretender aumentar el empleo – que un aumento modesto del salario mínimo no compensa por la eliminación de protecciones laborales – no tienen efecto estadísticamente significativo sobre el empleo y otras variables. (ingreso)

GAO

El documento, aun cuando se resume relativamente bien la historia financiera del año 2000 al presente, se perdió una buena oportunidad de clarificar la situación de PR.

GAO

En esta semana la divulgación del informe del General Accountability Office nos ha presentado los fundamentos de la crisis por la que atravesamos. La prensa enfocó en algunas consideraciones que impactan pero lo más importante a mi entender es que por vez primera se intentó recopilar de forma fria lo que sucedió.  Creo que el informe evadió profundizar en importantes áreas – pero tan solo la mención de estas nos permite una mejor comprensión del periodo: la eliminación de las 936, el deterioro operativo y fiscal de la AEE, la refinanciación como recurso del estado en el ejercicio de presupuesto y el incumplimiento gerencial con procesos formales en la gestión del gobierno. Comentaremos en detalle el informe.

A manera de trasfondo el documento afirma:

Antes de 1996, la Seccion 936 hacia los ingresos de Corporaciones de EEUU localizadas en el Territorio libre de impuestos.  En 1996, se derogó el crédito fiscal

Del 1990 hasta 2005, las economías de Puerto Rico y los Estados Unidos experimentaron crecimiento económico similar, cada uno creció en promedio entre 3 y 3.5 por ciento anual.

Sin embargo, desde 2006 la economía de Puerto Rico se desempeño peor que la de los Estados Unidos.

Los precios del petróleo aumentaron en 2004 y permanecieron en niveles altos hasta 2014.

La población disminuye llevó a cabo a un ritmo más rápido de lo esperado, que dijeron condujo a menos ingresos tributarios que estima.

 

  • Entre el 2005 y 2016 la economía experimento reducción real de su PIB en todos los años excepto dos años. Desde 2005 hasta 2016, el Producto Interno Bruto real de Puerto Rico cayó por más del 9 por ciento (de $ 82,8 billones a $ 75 billones en 2005 dólares). Producto Nacional bruto siguió un patrón similar en el mismo período, disminuyendo en más del 11 por ciento de 2005 al 2016 (de $ 53,8 billones a $ 47,7 billones en 2005 dólares).
  • La Deuda pública total de Puerto Rico como parte de su economía creció. En 2002, el valor de su deuda fue 42 por ciento del PIB del territorio y 67 por ciento de su PNB.  Ambos de estos crecieron con el tiempo tal que para el 2014, la deuda pública total de Puerto Rico fue 66 por ciento del PIB y el 99 por ciento de su PNB.

En el año fiscal 2002, el servicio de la deuda total ascendió a $2 .7b que representa alrededor del 12 por ciento de $ 21,6 billones de ingresos públicos totales para ese año.

Para el año fiscal 2014, deuda servicio costo anual Puerto Rico ascendió a $ 5 billones, que representa poco más del 15 por ciento de $ 32,5 billones Puerto Rico en ingresos públicos total para ese año.

Gobierno de Puerto Rico ha operado con déficit — donde los gastos superan los ingresos, en cada ejercicio desde el año 2002, y su déficit creció con el tiempo.

Para hacer frente a sus déficits, gobierno de Puerto Rico emitió deuda para financiar las operaciones

Tres grupos de factores contribuyeron a déficits persistentes de Puerto Rico:

(1) gestión financiera inadecuada y prácticas de supervisión,

(2) Decisiones de política publica,

(3) contracción económica prolongada.   

1) inadequate financial management

Puerto Rico’s government lacked adequate budgetary and other controls for effective financial management and oversight which resulted in: 1) overestimating the amount of revenue it would collect and 2) spending in excess of appropriated amounts.

Gobierno de Puerto Rico careceía de controles presupuestarios y otros adecuados para una gestión financiera eficaz y la supervisión, lo que se tradujo en: 1) sobreestimar la cantidad de ingresos y 2) gasto en exceso de cantidades apropiadas por la legislatura.

De 2002 a 2014, se encontró que Puerto Rico sobreestimó ingresos en ocho de los trece años,

Puerto Rico puede tener otras deficiencias de control financiero, como una comprensión insuficiente de liquidez dentro de sus agencias y corporaciones públicas – algo que hemos resaltado en el programa.

Estimaciones de ingresos optimistas permitió la legislatura de Puerto Rico, con la aprobación del gobernador, para aumentar apropiaciones a agencias en casi todos los años. Cuando los ingresos reales cayeron por debajo de las estimaciones de ingresos, y gastos no se ajustaron en consecuencia, el Fondo General pasó a operar con un déficit. En ausencia de ingresos suficientes o reservas para pagar sus gastos, Puerto Rico entonces emitió deuda.

Desde el 2002 hasta 2014 lo gastado en exceso promedio 5.6 por ciento del presupuesto del Fondo General, o $ 459 millones, anualmente.

 

BGF emitido préstamos de las corporaciones públicas y agencias del gobierno de Puerto Rico para apoyar sus operaciones.

En general, las entidades no cumplieron los términos de sus acuerdos de préstamo con el BGF, mientras que independiente emitian deuda al mercado de bonos municipales. Por su parte el BGF, no reflejó reservas para préstamos hasta el 2014 porque asumía que la legislatura de Puerto Rico pagaría los préstamos a través del fondo general o apropiaciones, como había sido requerido por los proyectos de ley que  actos que aprobaban los prestamos.

Decisiones de política publica

 

1) permitiendo el uso de deuda para equilibrar presupuestos,

2) manejo insuficiente del deficit en pensiones,

3) inadecuada gestión de la situación financiera de la AEE, y

4) ampliacion de cobertura de servicios médicos.

 

A pesar de controles constitucionales diseñados para evitar el uso de deuda para equilibrar presupuestos. En 1974, el secretario de Justicia de Puerto Rico emitió una interpretación amplia de la cláusula de equilibrio presupuestario en la Constitución de Puerto Rico que permitió a Puerto Rico pedir prestado fondos a través de emisiones de bonos para equilibrar su presupuesto.

 

A balanced budget dates back to Section 34 of the 1917 Jones-Shafroth Act, which states that “No appropriation shall be made, nor any expenditure authorized by the legislature, whereby the expenditure of the Government of Porto Rico during any fiscal year shall exceed the total revenue then provided for by law and applicable for such appropriation or expenditure, including any available surplus in the treasury, unless the legislature making such appropriation shall provide for levying a sufficient tax to pay such appropriation or expenditure within such fiscal year.” A provision in Puerto Rico’s Constitution, which was approved in 1952, contains similar language in English: The appropriations made for any fiscal year shall not exceed the total revenues, including available surplus, estimated for said fiscal year unless the imposition of taxes sufficient to cover said appropriations is provided by law. P.R. Const., art. VI, §7. The Spanish translation of the Constitution, however, translated revenues as “recursos” which can also be interpreted to mean resources. A 1974 ruling by Puerto Rico’s attorney general clarified the legal meaning of “recursos” to a broader general definition of resources available to the government, including proceeds of bond issuances. P.R.

In 1961 Puerto Rico amended its constitution to include a limit on debt service payment at 15 percent of average annual internal revenue. Internal revenue in Puerto Rico mainly includes income, property, and excise taxes.

 

En 2006, el gobierno de Puerto Rico creó COFINA como un medio para emitir bonos para pagar la deuda que no tenia fuente de repago, pero en 2009 – se utilizó para financiar las operaciones. COFINA fue respaldado por el IVU.

 

Situación financiera de la AEE.  

 

PREPA no actualizo o mejoraro su generación de electricidad y sistemas de transmisión, lo que dificultó su desempeño y condujo al aumento de la producción los costos.  PREPA no ajusto su facturacion su tasa factura basica a los consumidores diseñada para gastos de funcionamiento y servicio de la deuda desde 1989. Para hacer frente a aumentos de los costos, PREPA emitio deuda para financiar operaciones en lugar de aumentar los costos de la tarifa.

 

¿Ninguna mención de las falsas representaciones al IRS?  

Refinanciamiento OK pero capital de trabajo permanente es diferente.

No se vinculo a las regulaciones de mercado Muni.

 

Expanding health care coverage.

 

Los Fondos federales para el programa de Medicaid de Puerto Rico son inferiores a lo que sería si Puerto Rico fuera tratado en la misma forma que los Estados, su tasa correspondiente federal legal es menor de lo que sería si se tratara de un estado. En 2014, se estimó que si Puerto Rico hubiera sido tratado como un estado en 2011, el gasto federal de Medicaid en Puerto Rico habría estado entre $ 1,1 billones a $ 2,1 billones, en comparación con el gasto federal real de $ 685 millones. Un aumento entre $410MM y $682MM anuales.  Algo que hemos reseñado en el programa

Prolonged economic contraction

Five main factors contributed to Puerto Rico’s weak economic performance: 1) Puerto Rico’s outmigration and diminished labor force, 2) regulatory challenges of doing business in Puerto Rico, 3) the high cost of importing goods and energy, 4) the phaseout of the possessions tax credit, and 5) banking and housing struggles.

Outmigration as the result of disparate treatment under federal laws and programs, as Puerto Rico residents are able to migrate to the states and, upon moving, may newly qualify for additional federal benefits.  A Puerto Rico resident could move to a state and newly qualify for Supplemental Security Income (SSI), a federal program that provides monthly cash assistance to people who are disabled, blind, or age 65 or over and lack sufficient income and resources to maintain a standard of living at the established federal minimum income level

The overall difference between Puerto Rico’s electricity prices and the U.S. average was even greater in recent years when the price of oil was higher. For example, in 2011, the average retail price for Puerto Rico was 27.9 cents per kilowatt hour, which was more than two and a half times the U.S. average of 9.9 cents per kilowatt hour.

Some current and former Puerto Rico government officials and other experts on Puerto Rico’s economy we spoke with cited the phaseout of the possessions tax credit as a potential cause of Puerto Rico’s economic struggles; however, there was no consensus as to the magnitude of its effect.

According to Internal Revenue Service (IRS) Statistics of Income data, prior to the phase-out, in 1995, there were 440 companies that filed for the possessions tax credit, reporting over $40 billion in gross income. Among these companies, manufacturing firms in Puerto Rico employed over 100,000 workers, who earned approximately $2.7 billion in compensation, according to the estimates. By 2005, the final year of the phaseout period, 157 companies filed for the credit, reporting $18 billion in gross income.

No mention of the compensation nor level of workers?

 

Contraction was 60%

IF compensation level contracted 60% then compensation could have contracted by $1,620 AND PR lost income tax alone by $400mm.

 

Unintended consequence?

 

In a 1993 report, we found that companies that claimed the credit provided Puerto Rico with between $9 billion and $10 billion in financial institution deposits between 1984 and 1991.

Again, NO LINKAGE!

 

Take $9B out of a system that was generating 30 Days Libor while paying 80% of LIBOR meant an increase of approximately $100MM in cost and a reduction of income of $100MM.

 

Worse – Reserve requirements at GDB and EDB meant that the reduction of the the deposit base also meant a reduction of revenues at GDB and EDB while funding costs increased.!!

 

Agency, Puerto Rico’s housing prices peaked in 2009, but have since fallen 25 percent as of January 2017.

In reviewing 20 of Puerto Rico’s largest bond issuances from 2000 to 2017, totaling around $31 billion, we found that 16 were issued exclusively to repay or refinance existing debt and to fund operations.

Three bond issuances were used for a combination of repayment and refinancing existing debt, funding for operations, and capital projects. Only one issuance was exclusively dedicated to new capital projects.  

Based on an analysis of fiscal year 2014 comprehensive annual financial reports of the 50 states and Puerto Rico, Puerto Rico had the second highest amount of outstanding debt among states and territories,

Investment grade bond ratings: Puerto Rico maintained investment grade bond ratings until February 2014, even as its financial condition was deteriorating.58

 

investment grade ratings for Puerto Rico municipal bonds may have driven demand for these securities in the states.

Puerto Rico may have maintained its investment grade rating for two reasons. First, Puerto Rico could not seek debt restructuring under federal bankruptcy laws, prior to the passage of PROMESA in 2016. According to rating agency officials, bonds with assumed bankruptcy protection tend to rate higher than those without such protection. Second, legal frameworks that prioritize debt service are often viewed as positive for credit ratings, according to rating agency criteria.

 

According to GDB documents, repayment of amounts owed to GDB was a main reason for the creation of the Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation (COFINA), an entity backed by a new sales tax, through which Puerto Rico issued some of its debt. Though initially intended as a means to repay GDB and other debt, COFINA bonds were also used to finance operations.

Actions That Could Address Factors that Contributed to Puerto Rico’s Unsustainable Debt Levels

Specifically, Congress could authorize SEC to establish requirements for municipal issuers on the timing, frequency, and content of initial and continuing disclosure materials.68

SEC requires that underwriters (sellers of municipal securities) reasonably determine that issuers have undertaken continuing disclosure agreements (CDA) to publicly disclose ongoing annual financial information, operating data, and notices of material events.70 However, federal securities laws do not provide SEC with the authority to impose penalties on municipal issuers for noncompliance with CDAs, which may limit any incentive for issuers to comply with SEC disclosure and reporting guidance.71

2012, we reported that SEC could use its antifraud authority to encourage issuers to comply with their continuing disclosure agreements.  

Specifically, Congress could subject all investment companies in Puerto Rico to the Investment Company Act of 1940, as amended (1940 Act).

If all Puerto Rico investment companies had been subject to the 1940 Act, they would have been prohibited or restricted from investing in Puerto Rico municipal bonds underwritten by affiliated companies. Also, these investment companies may have further disclosed the risks involved in Puerto Rico municipal bonds to Puerto Rico investors.

These industry groups noted that, among other things, certain investment companies would have difficulty meeting the 1940 Act’s leverage and asset coverage requirements and adhering to some restrictions on affiliated transactions.

agreements. According to SEC staff, SEC would consider allowing companies in Puerto Rico to enter into reverse repurchase agreements with their affiliates if the 1940 Act applied to them.

To help address the factors that contributed to the high demand for Puerto Rico debt relative to other municipal debt, Congress could remove the triple tax exemption for Puerto Rico’s municipal securities. This action would mean that interest income from Puerto Rico municipal securities earned by investors residing outside of Puerto Rico could be taxed by states and local governments, while still being exempt from federal income taxes, similar to the current tax treatment of municipal bond income in the states.

48 U.S. Code § 745 – Tax exempt bonds on Puerto Rico.

 

All bonds issued by the Government of Puerto Rico, or by its authority, shall be exempt from taxation by the Government of the United States, or by the Government of Puerto Rico or of any political or municipal subdivision thereof, or by any State, Territory, or possession, or by any county, municipality, or other municipal subdivision of any State, Territory, or possession of the United States, or by the District of Columbia.

 

PROYECTO AEE

 

He estado atento al proceso de vistas públicas y considero que tanto el Senado como la Cámara han recibido insumo valioso de ciertos sectores.  Por esta razón circunscribo mis observaciones a las implicaciones financieras y económicas del proyecto tanto para el Gobierno como los ciudadanos residentes en Puerto Rico.  Estas declaraciones las hago en carácter personal y no representan necesariamente la opinión de la firma Samuel A Ramirez & Co.

 

  1. Felicito al Senado de PR por la intención de establecer una clara distinción entre lo que se puede describir como una concesión de derechos de explotación o “franquicia”, bajo una Alianza Público-Privada (APP) y una Venta.  El proyecto presentado por el Ejecutivo busca efectivamente regir ambos procesos por vía de la Ley 29 del 2009.  Si bien la Ley 29 de 2009 (Ley 29) es un excelente marco para la otorgación de una franquicia de operación o una APP, no es así para una compraventa.  
    1. La venta de la AEE requiere de una nueva ley que reglamente ese proceso.
    2. A esos efectos deberá eliminarse del Proyecto la enmienda a la definición de Alianza Público-Privada, en la sección 2(c) de la Ley 29, que busca incluir como Alianza cualquieracuerdo para, de cualquier manera, vender o disponer de cualquier Activo de la AEE a un tercero privado”.

 

  1. Felicito además al Senador Seilhamer por su ponencia durante el Foro de Energía auspiciado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  
    1. Apoyo su rechazo al Aguirre Offshore Port, que como explicó, es un proyecto que no cumple criterios mínimos de costo-beneficio.

 

  1. La consideración crítica del Proyecto 860 por parte del Senado, envió un importante mensaje a posibles interesados en participar del proceso de restructuración de la forma de conducir o gestionar el negocio de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico.  El mensaje fue que la conducción del negocio de la AEE no se transformará de cualquier forma o manera, ni a cualquier precio.
    1. El Proyecto como presentado solo hubiese sido favorable a posibles licitadores, no así para la AEE, el Territorio, ni sus contribuyentes.

 

  1. Recomiendo tanto al Senado como la Cámara, que cuando se presente la Legislación Prospectiva se considere los siguientes elementos al establecer un plazo de tiempo para concluir cualquier negociación.  
    1. La comunicación del compromiso de ejecutar transacciones ha sido interpretada como desesperación por deshacerse del problema que representa la AEE para el Ejecutivo.
      1. Esta percepción desfavorece un objetivo que debe tener el Gobierno, de maximizar el valor por el cual se produciría una transacción.  
    2. Plazos rígidos en una negociación de venta difícil y compleja donde múltiples compradores potenciales negociarán con un limitado grupo de representantes del Gobierno, por distintos activos o negocios de la AEE, solo favorecerían a los compradores.
      1. Opuesto a la venta de PR Telephone Co., donde las negociaciones fueron por el 100% de la empresa, en este caso distintos compradores potenciales contenderán por distintos segmentos de la AEE.
    3. La Legislación Prospectiva deberá conceder tiempo suficiente al equipo negociador del Gobierno para que pueda trasladar su atención a través del tiempo, en la medida que la venta de activos y/o segmentos de negocio de la AEE se concreten y les permita ajustar su proceso basado en lecciones aprendidas.
      1. Este proceso requerirá tiempo, pero servirá para mitigar la repetición de eventos como la atropellada y mal ejecutada venta de las facilidades hospitalarias de PR.
    4. En última instancia, ninguna referencia a un plazo de tiempo ejercerá influencia sobre el Tribunal de Quiebras Federal que en mi opinión será la entidad que finalmente autorizaría una venta de activos de la AEE conforme a la Sección 314 de PROMESA.  
      1. Entiendo que el Tribunal, por su parte, basará su determinación en si la propuesta presentada redunda en los mejores intereses de los acreedores.

 

  1. El Acuerdo de Fideicomiso de la AEE (el Acuerdo), que rigió la emisión y venta de todos los bonos en circulación de la AEE, otorga ciertos derechos a sus bonistas.
    1. La concreción del plan expresado por el Gobierno, con respecto a la segmentación y venta de distintos negocios y/o activos del sistema, es contrario a las disposiciones del Acuerdo.  El mismo, define el Sistema de la AEE como toda pertenencia, propiedad de y operada por la Autoridad, como un Sistema Integrado Único.
      1. Los bonistas compraron obligaciones de una AEE que tiene el derecho exclusivo de gestionar la industria eléctrica en Puerto Rico. 
      2. En contraposición a una venta, bajo una APP no se enajena permanentemente ningún activo propiedad de la AEE, por lo que una Transacción APP puede ser estructurada para que no constituya violación al Acuerdo.
        1. Esta consideración argumenta fuertemente en favor de sólo considerar APPs.
    2. La sección 712 del Acuerdo específicamente prohíbe la venta y disposición de los activos del Sistema de la AEE mientras los bonos se mantengan en circulación.
      1. Aún cuando la sección otorga a la AEE el derecho a vender aquellas partes que su Junta de Directores reconozca que “no sirven los propósitos del Sistema”, la misma instruye a la AEE a depositar en el Fondo de Redención de Bonos o el Fondo de Construcción el producto de tal venta.
      2. Por otra parte, y como se discute en la sección 13 de esta carta, por reglamentos del Sistema de Rentas Internas Federal y el Mercado de Bonos Municipales, el producto de una Transacción estaría primeramente obligado a repagar los bonos municipales utilizados para construir las facilidades que serían objeto de un Contrato de Alianza.
      3. Es solo por virtud del Título III de la ley de composición de deuda PROMESA, que esa ley pudiese permitir tanto a la AEE como al Gobierno de PR, alterar de alguna forma los derechos otorgados a sus acreedores para permitir que la AEE o el Gobierno retenga alguna parte del producto de la venta del Sistema sin aplicar tal producto a la redención de bonos o a su reinversión en el Sistema.
        1. Evidentemente cualquier Transacción relacionada a la AEE deberá ser reconciliada con la estrategia de negociación bajo el Titulo III de PROMESA.
      4. Es en ese contexto que el objetivo de transferir al sistema de retiro de la AEE parte del producto de la venta de sus activos o negocios, así como por la concesión de franquicias bajo APP, pudiese ser contrario al derecho entre las partes, a no ser que sea determinado por el Tribunal Federal bajo el Título III de PROMESA.  La dificultad de conseguir este objetivo se evalúa en más detalle en la sección 13 de esta carta.
    3. Es por tanto razonable anticipar que el Ejecutivo tenga que obtener, en algún punto de la Transacción, la aprobación del Tribunal Federal al plan de venta y/o APP de la AEE, así como de la partición del producto de una transacción entre el Gobierno y los acreedores.
      1. Sin embargo, existe la opinión que bajo la Ley PROMESA, el Tribunal Federal no tendría jurisdicción sobre una Transacción.  Posición que considero errónea pues se trataría de la liquidación de propiedad de un deudor bajo la jurisdicción de la Corte de Quiebras.
      2. Es igualmente razonable anticipar que todo contratante potencial necesite un estimado de probabilidad de ser validado por el Tribunal de Quiebras antes de comprometer tiempo y recursos a negociar una Transacción.
      3. Recomiendo que el Proyecto y la Legislación Prospectiva provean al Ejecutivo guías necesarias, requiriéndole que presente al Tribunal una clara y específica “Estrategia de Privatización” de la AEE.

 

  1. Para encaminar la venta de cualquier Activo de la AEE y del Gobierno de PR, se debe tener un estimado razonable de rango de valor para poder considerar el impacto de la transacción en las finanzas del vendedor, así como en la economía de PR.
    1. Me refiero a estimado razonable de rango de valor, puesto que el valor de mercado de un activo solo se determina cuando un comprador (capaz e interesado) acepta la oferta de un vendedor.   No me refiero a “Justo Valor de Mercado” (fair market value) puesto que tal valor requiere que ninguna de las partes este presionada a vender o comprar.
      1. Tanto el Gobierno de PR como la AEE, por virtud de estar bajo el Titulo III de PROMESA, evidencian presión por vender o transferir activos.
    2. Recomiendo que los estimados de valor se enmarquen en el contexto de una estrategia de venta conformada en torno a segmentos de activos o negocio a venderse, por ejemplo:
      1. Generatrices de carga base o de demanda pico y/o estabilización, desglosando su valor potencial.
      2. Territorios de Distribución, a ser determinados por los asesores del Gobierno, que permita a potenciales interesados en licitar por territorios.
      3. Micro Redes – e integración de energía renovable;
        1. Reconociendo que su generación y consumo, aunque necesarios, erosionan el valor potencial tanto de generatrices como territorios de distribución.

Este proceso conllevará tiempo, pero dificultará la repetición de eventos como la atropellada venta de las facilidades hospitalarias de PR.

    1. El estudio del sistema de energía de PR, encomendado por el Departamento de Energía Federal y cuyos resultados deben estar disponibles próximamente, deberá de ser crítico en la configuración de los segmentos y activos del negocio a venderse o a ser objetos de un Contrato de Alianza.

 

  1. Como expresado, la Ley 29 de 2009 es inadecuada para un proceso de compraventa. El Proyecto 860 autoriza la venta de cualquier Activo de la AEE definido como: “cualquier y toda propiedad inmueble (incluyendo cualquier derecho sobre propiedad inmueble), propiedad mueble (tangible o intangible), instalaciones, recursos, intereses propietarios, derechos de cualquier naturaleza y cualquier otro activo que posea, directa o indirectamente, o utilice conforme a alguna ley, la AEE, y cualquier derecho a recibir Propiedad en el presente o en el futuro, ya sea adquirido o incipiente”.
    1. La Ley 29 no hace ninguna referencia a valorización, puesto que no se concibió como mecanismo para vender propiedad sino para proveer activos y la entrega de servicios.  El mecanismo al que correctamente se refiere la Ley 29, para evaluar una APP (y no una venta), es a un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia.
      1. Un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia persigue los propósitos siguientes:
        1. Decidir si el proceso convencional de compra u obtención, de un producto o servicio, por el sector público o una APP es la mejor opción para el proyecto bajo consideración.
        2. Determinar si la opción APP es asequible.
        3. Demonstrar que la opción APP transfiere apropiadamente los riesgos técnicos, operacionales y financieros al sector privado.
        4. Calcula el “Valor por Dinero” ofrecido por la APP que es el precio mínimo de compra al cual se obtiene la mayor eficiencia y efectividad.
          1. Nótese que Valor por Dinero no es igual a Valorización.
      2. Lo anterior sería relevante solo en la medida en que se conceda una franquicia bajo una APP, pero ninguno de los incisos anteriores se refiere al valor en caso de compraventa.
    2. Pudiese alegarse que la intención del Ejecutivo es la de adaptar el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia al escenario de compraventa, pero tal ejercicio sería inapropiado y basándose en la misma Ley 29 se pudiese argumentar la justificación de no conducir el ejercicio de Deseabilidad y Conveniencia, ya que el escenario de compraventa no es considerado por la Ley.
      1. En la Ley 29, la palabra “venta”, solo se encuentra en el Articulo 6(a)(xi) que específicamente prohíbe a la misma Autoridad para las APP; “Ceder…mediante venta…cualquier propiedad de la Autoridad.”
        1. Claramente la autoridad de vender propiedad del Gobierno (fuera del curso ordinario de una operación) radica fuera la Ley de Alianzas Publico Privadas.  
      2. El Estudio de Deseabilidad y Conveniencia se utiliza para la evaluación de un Contrato de Alianza cuya definición excluye la venta.

 

  1. En lo que respecta a la configuración de una Estrategia de Privatización que persiga la maximización de valor, tanto para una APP como Venta, la revisión de los algunos de los múltiples procesos que al presente se conducen y que tienen injerencia sobre el futuro de la AEE, llevan a concluir que no hay una estrategia que organice el proceso y que estamos encaminados no solo a minimizar sino hasta posiblemente destruir valor.
  • El Ejecutivo de PR con la propuesta presentada al Ejecutivo Federal y al Congreso “Build Back Better” auspiciada por el Estado de Nueva York.
  • La AEE y su Junta de Directores presentando el Plan Fiscal – rechazado – a la Junta de Supervisión.
        • La contratación aparentemente aislada de un nuevo Director Ejecutivo.
        • La incorporación a sus trabajos de una Junta Asesora sin clara dirección.
  • La Junta de Supervisión en la aprobación de su Plan Fiscal para la AEE.
  • El Departamento de Energía Federal y su evaluación de soluciones a largo plazo para crear una red eficiente y resistente en Puerto Rico.
  • La asignación por el Gobierno Federal de Fondos para la reparación del Sistema y el reclamo de Congresistas a HUD para que aumente el monto destinado a la reconstrucción del Sistema para que la AEE se convierta en una entidad confiable y rentable.
  • El borrador de proyecto de “Federalización” de la AEE por parte de un miembro del Congreso.
  • Los bonistas de la AEE con sus acciones adversativas ante el Tribunal Federal.
    1. Esta brevísima lista presenta parte del cuadro de las partes interesadas que será analizada por potenciales licitadores para intentar determinar donde reside la autoridad final de pactar, antes de comprometerse a participar en el proceso de Alianza o Venta de Activos de la AEE.  
      1. Como expresado anteriormente, todo contratante potencial se preguntará cuán costo efectivo será comprometer recursos para perseguir una posible transacción, ante lo que parece ser un claro vacío de autoridad, intentará determinar la probabilidad de éxito y de ser revalidado hasta por el Tribunal de Quiebras.   
      2. Mientras más complicado sea el panorama, menor será el grupo, menor calidad de potenciales licitadores y menor el precio a cotizarse.  
    2. Por lo expresado, tanto aquí como en la sección 5.c., tiene  la Legislatura de PR una importante responsabilidad de ordenar la reconciliación de iniciativas aparentemente desligadas y configurar un proceso congruente.

 

  1. La formación de una clara “Estrategia de Privatización” requiere la determinación de qué se quiere hacer.
    1. Al presente no hay contestación a estas preguntas:
    • ¿Vender o franquiciar qué nivel existente de producción, distribución o transmisión?
    • ¿Se permitirá que proponentes seleccionen aquellas porciones del Sistema que más les atraiga y dejar atrás aquellas menos atractivas; como se hizo en el proceso de disposición de las facilidades médicas?
    • ¿Qué plazo de tiempo viabiliza una franquicia APP?
      • ¿Serán necesarios 50 años, como se concede en la Ley 29, o en el caso de la AEE 25 años con opciones de extensión es suficiente?
    • ¿Se ofrecerá el equivalente de franquicias para la instalación de micro redes y energía renovable? ¿Cuántas podrían ser acomodadas por el Sistema?
    • ¿Cuál debe ser el plan de mejoras a la infraestructura?
    • ¿Cómo se financiará?
    • ¿Cómo interactuarán los múltiples participantes del nuevo “Sistema”?
    • ¿Cómo se intercambiarán pagos bajo el nuevo sistema?
      • ¿Se vislumbra mantener una AEE haciendo pagos de proveedores de energía?
    • ¿Cómo se integrarán las tecnologías?
    • ¿Cómo impactan, los kilovatios que se instalen fuera del Sistema de la AEE, el valor de la infraestructura instalada a vender/franquiciar?
    • ¿Cómo impactará la estrategia de privatización el trabajo de reconstrucción y mejoras al sistema a pagarse por las asignaciones de HUD?
      • ¿Permitirá el Gobierno Federal que PR venda parte de su infraestructura eléctrica remodelados con asignaciones federales?
      • ¿Ordenará que todo activo o propiedad objeto de mejoras sustanciales con Fondos Federales sea solo elegible para franquiciar su explotación bajo el formato de APP?
    1. El Proyecto 860 es silente en lo que respecta a la responsabilidad del Ejecutivo o la AEE de preparar una “Estrategia de Privatización” del sistema eléctrico reconciliando los múltiples procesos ya listados.
      1. El Proyecto 860 tampoco ordena a la Junta de Directores de la APP realizar un Estudio de Viabilidad ni Necesidad y Conveniencia con relación a la AEE.
    2. A pesar de esto, se autoriza a la AEE a llevar a cabo cualquier Transacción de la AEE y otorgar Contratos de Alianza con relación a las mismas.  
      1. Parecemos encaminados no solo a minimizar sino hasta destruir valor.

 

  1. Conforme a las declaraciones en el Congreso de EEUU por el Sub-director del Departamento de Energía Federal Bruce J. Walker, la AEE no tiene un modelo de sistema capaz de informar sobre: inversiones necesarias, capacidad operacional, optimización de utilización, remplazo de generación, capacidad de integración de micro redes, ni de interacción de tecnologías.  
    1. Insertarse en un proceso de privatización de los activos y el negocio de la AEE, sin visibilidad, conduciría desde la minimización de valor hasta la destrucción del que pueda existir.
    2. Más aún, el Sr. Walker declaró que en un periodo de 60 días el Departamento de Energía Federal estaría concluyendo el trabajo que proveerá a Puerto Rico un modelo que contestará las interrogantes antes mencionadas y que identificará espacios para inclusión de tecnología renovable y micro-redes.     

 

  1. Recomiendo por tanto que al proyecto 860 como a la Legislación Prospectiva, se incluya una disposición que requiera a la AEE y al Ejecutivo que en un periodo de tiempo razonable presente una Estrategia de Privatización y/o APP para el Sistema, reconciliada con el Departamento de Energía Federal, divulgando las condiciones bajo las cuales el Gobierno Federal pudiese permitir que PR contrate vía APP o venda segmentos de su infraestructura eléctrica remodelados con asignaciones federales.

 

  1. Recomiendo, que basados en esa estrategia se ordene a la AEE y al Ejecutivo a proceder a un proceso de valoración de los segmentos de negocio de la empresa a ser vendidos basados en premisas específicas de valor y la naturaleza del interés a vender.  Tal informe deberá ser de carácter confidencial para uso del Ejecutivo en la evaluación de propuestas.

 

  1. La pertinencia de los reglamentos del IRS con relación al uso del producto de una posible Transacción, surge del financiamiento para la construcción del Sistema, por vía de emisiones de bonos al mercado municipal de los EE. UU.
    1. El proceso de emisión de bonos exentos de contribuciones sobre ingresos en el mercado municipal de EE. UU. conlleva la presentación de un Certificado de Impuestos (Tax Certificate) para que los intereses que pagan los bonos sean exentos bajo el Código de Rentas Internas Federal (IRS), bajo tal certificado entre otras cosas:
      1. Se certifica al IRS el propósito de la emisión; como por ejemplo el financiamiento de inversión de capital.
      2. Se certifica que previo al vencimiento de los bonos no se anticipa la venta de la propiedad financiada.
      3. Se certifica que el producto de la emisión no será usado para negocios privados ni para emitir préstamos a ninguna persona.
      4. Se certifica también que ningún pago de principal ni interés de los bonos será hecho directa o indirectamente por ninguna empresa privada.
    2. Ante una Transacción de venta o APP, el IRS pudiese ordenar el retiro parcial o total de los bonos emitidos para financiar la construcción de las propiedades objeto de tal Transacción, esto se uniría al escenario ya complicado bajo el Título III.  
      1. Los ejemplos más recientes de esto fueron los prepagos de bonos tanto por la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de los Puertos, negociadas con el IRS al concretarse las transacciones APP de la Autopista de Peaje 22 y el Aeropuerto Luis Muñoz Marín.  
    3. Por otra parte, el Proyecto refiere el uso prioritario de fondos producto de una Transacción fundamentalmente al Artículo 17 de la Ley 29.
      1. El inciso 17.a. establece el deber de pagar obligaciones de cualquier tipo, operacional inclusive, de la Entidad Gubernamental Participante.  
        1. En este contexto, la aportación al Plan de Pensiones de la AEE como lo sugiere el Proyecto sería una posibilidad muy remota.
    4. Tomando en consideración estas restricciones, la Legislación Prospectiva debe hacer referencia a ellas y establecer una cierta prelación en la distribución de fondos producto de una venta conforme a las mismas.
    5. Reiterando lo antes dicho, es razonable anticipar que el Ejecutivo tenga que obtener (en algún punto de la Transacción) la aprobación del Tribunal Federal al plan de venta y/o APP de la AEE, así como la distribución del producto de una Transacción entre el Gobierno y los acreedores.

 

  1. La Exposición de Motivos del Proyecto afirma que uno de sus objetivos es “facilitar la creación de nuevos empleos y fomentar la inversión en nuestra Isla”.  
    1. El potencial de múltiples Transacciones, como resultado de la restructuración de la AEE y de otras entidades gubernamentales, presenta una gran oportunidad para regenerar capital en Puerto Rico.  
    2. La regeneración o formación de nuevo capital local debe ser el principal objetivo de toda iniciativa económica del Gobierno.  
      1. La existencia de capital doméstico, comprometido en una jurisdicción, es elemento indispensable para el desarrollo económico de la misma.
    3. Es ampliamente conocido que el capital de los residentes de Puerto Rico se erosionó en exceso de $70 mil millones desde el 2006 y antes del huracán María.
      1. Sabemos también que todas las empresas que hoy gestionan alguna operación que en algún momento fueron gubernamentales, no solo son hoy altamente rentables, sino que pagan un importante nivel de dividendos a sus socios no residentes:  Claro PR, Autopistas de PR, EcoElectrica, AES, Metropistas y Aeropuerto Internacional.
    4. El proceso de “externalización” de servicios gubernamentales debe servir para constituir una base de empresas con vínculo al capital local que ayude a regenerar el capital perdido por los residentes de Puerto Rico desde el año 2006.
      1. Es importante resaltar que en países en los cuales se ha llevado a cabo procesos significativos de privatización sin participación doméstica, el sentimiento de cesión a extranjeros y pérdida de control ha generado fuertes reacciones favoreciendo el nacionalismo.    
      2. En ninguno de los proyectos aprobados, ni en las iniciativas gubernamentales existentes, se plantea la obligatoriedad de participación de capital (patrimonio) de residentes en este tipo de transacción.
      3. Los fondos institucionales globales que serían invitados por posibles licitadores a Transacciones como las propuestas son capaces de suscribir el capital total necesario para viabilizar transacciones de este tipo, sin necesidad incluir socios de Puerto Rico.   
      4. La Ley 29 hace una tímida referencia a la concesión de “puntuación” adicional en la evaluación de APPs a la participación local de inversión.
        1. Con la excepción de la hoy Claro Puerto Rico, en la que el comprador original GTE (Verizon) invitó a Banco Popular de PR a co-invertir, en el resto de las transacciones hasta la fecha, la referencia a participación local ha sido cumplida con la participación en financiamientos provistos por bancos radicados en Puerto Rico sin abrir el espacio a inversionistas de capital individuales e institucionales residentes de Puerto Rico.
    5. Se recomienda por tanto que en el Proyecto como la Legislación Prospectiva requiera para toda Transacción una participación accionaria mínima de un 10% de capital residente en PR.

 

Finalmente traigo a su atención la necesidad de viabilizar una contraparte gubernamental contratante solvente para la ejecución de cualquier Transacción sea por vía de APP o venta.  Ni la AEE, ni el Gobierno de PR son hoy contratantes solventes ni merecedores de crédito. Este es un obstáculo al que se enfrenta todo posible contratante con el Gobierno de Puerto Rico, sea el Tesoro Federal en su negociación del préstamo CDL o la Junta de Supervisión Fiscal en su gestión para viabilizar Proyectos Estratégicos bajo el Título V de PROMESA.